Policías, abogados, fiscales, jueces y administraciones trabajan de forma coordinada para acabar con un problema social que arrastra una sociedad milenariamente machista

La violencia de género se ha convertido en un asunto de Estado. Desde la puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/2004, que legisla esta materia, España se ha convertido en un país referente en el tratamiento de las mujeres maltratadas por sus parejas. La existencia de un Juzgado especializado para la Violencia sobre la Mujer responde de manera eficiente a esta lacra social. Los recursos que se están invirtiendo en este asunto son muchos; pero, sin embargo, los datos no visualizan una mejora. A estos juzgados siguen llegando denuncias a diario y cada vez son víctimas más jóvenes, pero hay un dato todavía peor: los casos que no están contabilizados por miedo al proceso.

Hablamos de una ley joven, que aún no ha tenido margen de maniobra para acabar con una sociedad machista durante siglos. ¿Se están dando los pasos acertados? De momento, todos los agentes que trabajan para erradicar este asunto coinciden en que hay que aumentar las políticas de educación, penalizar a los maltratadores y, por supuesto, dar herramientas de soporte a las mujeres para que puedan seguir adelante. El maltrato no es el final, también puede ser es el origen de una nueva vida.

Sin duda, uno de los colectivos que ha demostrado un mayor compromiso con la erradicación de la violencia de género es el de los abogados. El Consejo General de la Abogacía puso en marcha una Subcomisión de Violencia de Género, con letrados formados en esta materia, para cooperar con las administraciones en la erradicación de este problema, además de la creación de un turno específico de Violencia de Género que da cobertura legal especializada y gratuita a cualquier mujer que lo solicite desde el momento en el que acude a la comisaría.

Turno de oficio especializado en violencia de género

Actualmente, el turno de oficio cuenta con 191 letrados repartidos en los diferentes partidos judiciales: 130 abogados en Huelva, 16 en Ayamonte, 18 en Moguer, 14 Palma del Condado, 8 en Valverde y 5 en Aracena. La desigualdad entre demarcaciones es notoria. En Huelva capital existe un juzgado especializado donde se obtienen medidas de protección en 24 o 48 horas. Lo mismo ocurre en la provincia, pero con más dificultades, ya que al no haber un juzgado especializado hay más colapso. Además, no cuentan con punto de encuentro para el régimen de visitas, ni unidad de valoración de víctimas, ni el Servicio de Atención a las Víctimas en Andalucía (SAVA), por lo que las víctimas tienen un trato distinto dependiendo del lugar de residencia.

Una de las aspiraciones de los letrados del turno de oficio especializado es ofrecer el servicio a las víctimas los 365 días del año durante las 24 horas. Un asunto que, por los recortes, ha quedado acotado de lunes a viernes. Además, una de las reivindicaciones clásicas es su presencia en el momento en el que llega la víctima a la policía. Los letrados insisten en la necesidad de que ellos estén presentes desde antes de interponer la denuncia para informarles de todo el proceso, así como colaborar en la elaboración de un atestado completo y concreto. De esta manera, se convierten en un apoyo fundamental durante todo el proceso, ya que es el único agente que interviene desde el principio hasta el final.

La cooperación con otros países

El compromiso se ha extendido más allá de los asuntos puramente jurídicos. La Subcomisión de Violencia de Género colabora con la Agencia Española de Cooperación Internacional organizando y participando en encuentros que se desarrollan en Sudamérica. El objetivo es dar a conocer el modelo español y poner en común las políticas y actuaciones que se desarrollan en otros países.

El pasado mes de septiembre, precisamente, tuvo lugar en Montevideo (Uruguay) el Congreso de Violencia Doméstica y de Género, al que acudieron jueces, abogados, fiscales, policías y representantes de más de 20 países. Este tipo de acontecimientos permite el cruce de visiones y la oportunidad de conocer las políticas y actuaciones que se llevan a cabo.

Desgraciadamente, en muchos de esos países el problema es más grave que en España, y nuestro país sirve de referencia para crear un modelo de trabajo que permita avanzar.

No obstante, una de las defensas fundamentales de esta Subcomisión, es convertir la violencia de género en un asunto público, que salga del ámbito privado. No es fácil; el maltrato ocurre de puertas para adentro, pero hay que convertirlo en un problema social. Así lo defiende Ramiro Guinea, abogado y vocal de la Subcomisión de Violencia de Género, y uno de los representantes de España en las jornadas de Montevideo: “Siguiendo la línea marcada por el convenio de Estambul, deberíamos conseguir una modificación de la ley y una ampliación del sujeto pasivo del delito no solo a las esposas o relaciones semejantes, sino a cualquier acto cometido contra una mujer, que los hay, y muchos”.

Con esto se persigue provocar ese cambio en la sociedad y ver la violencia de género como un delito público. “Si vemos que atracan a una señora por la calle, lo denunciaríamos; si somos testigos de un atropello, no miramos hacia otro lado; si presenciamos un acto de terrorismo, colaboramos con las fuerzas de seguridad. Pues eso mismo hay que hacer con la violencia de género”, apunta Guinea.