El Colegio de Abogados de Huelva organiza una jornada de formación sobre la plataforma Lexnet para el intercambio electrónico de documentos

A partir del 1 de enero la justicia española entrará de lleno en el ámbito comunicación digital, al igual que hicieron otros servicios públicos en su día, como la Seguridad Social o Hacienda. Por eso, casi 400 abogados onubenses asistieron el pasado 25 de noviembre a la jornada formativa organizada por el Colegio en torno a Lexnet, la plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos a través de la cual se pretende alcanzar el objetivo del papel cero en la Administración de Justicia.

El salón de actos de la Facultad de Derecho de la Onubense acogió esta jornada, en la que RedAbogacía informó a los asistentes acerca del funcionamiento y uso de Lexnet Abogacía, un servicio que permite recoger y gestionar de forma telemática las notificaciones, y remitir escritos o demandas a los órganos judiciales en los procedimientos en los que no sea preceptivo el procurador.

Miguel Sastre, de RedAbogacía; Margarita Pastor, letrada del Consejo General de la Abogacía; y la secretaria coordinadora de la Audiencia Provincial, Rosa María Berenguer, fueron los encargados de repasar las cuestiones técnicas del funcionamiento de Lexnet, la regulación legal de las comunicaciones electrónicas y  la situación de la implantación del sistema.  

El marco normativo actual sobre el uso de las tecnologías de la información en la Administración de Justicia contempla el deber de utilizar los medios electrónicos por parte de los profesionales (Ley 18/2011). En este contexto nace Lexnet Abogacía, para contribuir a la modernización de la Justicia y a facilitar el ejercicio profesional de los letrados, agilizando sus gestiones y reduciendo la burocracia.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé expresamente, en el nuevo redactado del artículo 273, que «todos los profesionales de la Justicia están obligados al empleo de los sistemas telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de los escritos, iniciadores o no, y demás documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la presentación y quede constancia fehaciente de la remisión y la recepción íntegras, así como de la fecha en que éstas se hicieren». De este modo, se hace necesario contar con el correspondiente carné de firma digital ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía).   

Según datos del Ministerio de Justicia, entre 2009 y 2013, Lexnet permitió intercambiar más de 114 millones de notificaciones y ya cuenta con cerca de 50.000 usuarios y se utiliza en más de 2.500 órganos judiciales.

La entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil supone un paso más en la propuesta del Gobierno. Ya la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, informó de un incremento del 7 % en el presupuesto del Ministerio, hasta alcanzar los 1.630 euros, para hacer frente a la modernización de la justicia, necesaria para la puesta en marcha con todas las garantías del intercambio de información digital.

En concreto, el Gobierno ha informado de un aumento de más de 17 millones para el desarrollo del Plan Tecnológico del Ministerio a través de sus tres líneas de acción: Justicia Digital y en Red, Justicia Abierta y Justicia Innovadora.

Ventajas e incertidumbre
En principio, a partir del 1 de enero, las colas en los registros generales de los decanatos y audiencias para la presentación de escritos serán historia, puesto que, con esta reforma, el Ministerio de Justicia pretende que la justicia esté disponible las 24 horas porque hará posible la presentación de escritos y documentos en cualquier momento del día (aunque no tendrán efectos procesales hasta la primera hora hábil, si es que el envío se hace en la madrugada).

Así, el Gobierno confía en que se agilicen los tiempos, se acelerarán los pleitos y la justicia se modernizará puesto que los documentos estarán en la “nube”, lo que, técnicamente, no es otra cosa que las redes del Ministerio de Justicia y del Consejo General de la Abogacía, en lugar de la Consejería de Justicia que, hasta ahora, era la encargada de las redes informáticas de los órganos y tribunales de la comunidad autónoma correspondiente.

Por otro lado, no es poca la incertidumbre que despierta la entrada en vigor de la comunicación digital, ante la preocupación por la posibilidad de que Lexnet pueda sufrir disfunciones, especialmente negativas si se trata de los últimos días de procedimientos si, en caso de error, no queda margen de maniobra para la presentación de documentos vía telemática.

A esto, y entre otras cuestiones, se suma la falta de capacidad del correo electrónico para admitir demandas y documentos, ya que el sistema solo tiene capacidad para recibir documentos de menos de seis megas.