Portal de Transparencia

La Ley de transparencia de España, cuya denominación completa es Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es una norma que tiene como objetivo ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

Corporación de Derecho Público que, como rectora de la Abogacía en los Partidos Judiciales de Huelva, Moguer, Ayamonte, La Palma del Condado, Valverde del Camino y Aracena, ordena, defiende y representa el ejercicio de la profesión, se ocupa de garantizar la formación inicial, permanente y especializada de los abogados, ejerce el control deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en defensa de los ciudadanos y de la propia profesión, vela por la ética y dignidad profesionales y colabora en el funcionamiento y mejora de la Administración de Justicia.

Decano:    Antonio José Bernal Martínez

Diputado 1º / Vicedecano: Andrés Silván Gilabert

Diputado 2º: Eugenio Encina Macías

Diputada 3ª: Isabel Pozo Morillas

Diputado 4º: Enrique Arroyo Aranda

Diputada 5ª: María Teresa Largo Martín

Diputado 6º: Rafael Fernández Román

Diputada/Bibliotecaria: Carmen Torrecillas Merino

Tesorero:   Francisco de Asís Jiménez Mier

Secretaria:   Cecilia García de la Corte

Deontología Profesional
– Reglamento de Procedimiento Disciplinario
– Código Deontológico de la Abogacía Española
– Código Deontológico de los Abogados de las Unión Europea

Estatutos
– Estatutos General de la Abogacía Española
– Estatutos del Ilustre Colegio de Abogados de Huelva

Funciones del Colegio

– Ostentar la representación y defensa de la profesión ante las distintas Administraciones, Instituciones, Tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios y causas puedan afectar a los derechos e intereses profesionales y a los fines de la abogacía en general y de los persona personas colegiadas en particular, con capacidad para ejercitar las acciones penales, civiles, administrativas, contencioso-administrativas, sociales y mercantiles que resulten procedentes, así como hacer uso del derecho de petición conforme a la Ley.

– Elaborar y aprobar los Estatutos y Reglamentos de régimen interior para el régimen y funcionamiento del Colegio, así como sus modificaciones.

– Cumplir y hacer cumplir las normas deontológicas reguladoras del ejercicio de la profesión en el ámbito territorial del Colegio.

– Procurar el perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente, a tal fin, organizar y promover actividades y servicios de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos, que puedan resultar de interés para las personas colegiadas, cuya participación e intervención tendrá siempre carácter voluntario.

– Procurar la armonía y colaboración entre las personas colegiadas, tratando de impedir la competencia desleal entre los mismos, ejercitándose las acciones que, en su caso, correspondan, ante los tribunales competentes, con sujeción a los principios de necesidad y proporcionalidad, establecidos en la vigente Ley de Garantía de la Unidad de los Mercados.

– Adoptar las medidas conducentes a evitar y perseguir el intrusismo profesional y la competencia desleal, incluido el ejercicio de las acciones legales ante los tribunales competentes.

– Intervenir, previa solicitud, en vía de conciliación, mediación o arbitraje en las cuestiones que, por motivos profesionales, se susciten por las personas colegiadas entre sí o con sus clientes y entre éstos cuando así lo soliciten libremente, con sujeción a la legislación vigente en materia de arbitraje y mediación.

– Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como también la liquidación de las cuentas anuales.

– Establecer las aportaciones económicas de las personas colegiadas para sufragar los gastos derivados del funcionamiento y prestación de los servicios colegiales y regular la forma y periodicidad en que han de ser satisfechas, así como las sanciones derivadas de su incumplimiento.

– Llevar un registro de todas las personas colegiadas, con apertura de expediente personal e individualizado en el que figure copia autenticada de la titulación habilitante para el ejercicio profesional de la abogacía, fecha de alta, domicilio profesional, firma actualizada y cuantas otras circunstancias o antecedentes puedan estar relacionadas para dicha habilitación.

– Informar en los procedimientos administrativos o judiciales, cuando sea requerido para ello o cuando esté establecida su preceptiva intervención, especialmente en materia de honorarios profesionales, en los procedimientos de jura de cuentas y de impugnación de honorarios por excesivos, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 14 y la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.-

– Facilitar a los distintos Tribunales de la provincia y a las administraciones públicas, la relación de personas colegiadas que puedan ser requeridos para intervenir como peritos y contadores-partidores, pudiendo ser designados directamente cuando así se le requiera, en cuyo caso y previa convocatoria de concurrencia voluntaria, se procederá a tal designación con sujeción a los principios de transparencia, objetividad, publicidad, competencia profesional, igualdad y concurrencias.

– Participar en los órganos consultivos de las Administraciones Públicas en los Consejos Sociales y Patronatos Universitarios en materias propias de la profesión, asi como en la elaboración de los planes de Estudio de grado en Derecho cuando sea requerido para ello, manteniendo los necesarios contactos con la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, para participar en la organización de cursos de formación conjunta del alumnado y personas colegiadas.

– Llevar el registro de sociedades profesionales en el que deberánconstar: denominación o razón social y domicilio; fecha de la escritura de constitución y notario autorizante; duración;  actividades que constituyan el objeto social; identificación de los socios profesionales y no profesionales, número de personas colegiadas de los primeros y Colegio en el que figura incluido cada uno; y persona o personas responsables de la representación y administración de la sociedad.

– Garantizar el deber de aseguramiento de las personas colegiadas de la responsabilidad civil derivada del ejercicio profesional, bien mediante la suscripción de pólizas colectivas formalizadas directamente por el Colegio con entidades aseguradoras o, cuando ello no sea posible por falta de capacidad económica del Colegio, exigiendo a las personas colegiadas la acreditación de tener asegurada dicha responsabilidad.

– Y en general, cuantas otras funciones puedan redundar en beneficio de las personas colegiadas y de la profesión, que se desarrollen por iniciativa propia o que se atribuyan por otras normas de rango legal o reglamentario, sean delegadas por las Administraciones Públicas o se deriven de convenios de colaboración.

– Convenio Agencia Tributaria Andaluza

– Convenio Administradores de Fincas

– Convenio Ayuntamiento de Valverde del Camino

– Convenio CGAE-Instituciones Penitenciarias

– Convenio Centro de Día

– Convenio Conformidad Penal

– Convenio de Colaboración vLex_ICAHuelva_2023

– Convenio Marco Mutualidad.2019

– Seguro de Vida Colegiados

– Convenio TASA Tasaciones Inmobiliarias

– Normas Fondo Social ICAHUELVA

– Protocolo Mediación Penal

– Póliza RC Profesional

– Renovación RC ICA Huelva 2023

– Convenio con Catastro

– Convenio Sabadell

– Convenio TYCSA

– Convenio Asesoramiento Ayto. Huelva

– Convenio Colaboración Namirial.

– Convenio FOE

– Convenio con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía

–Convenio con el Colegio de Graduados Sociales de Huelva.

La Junta de Gobierno, no percibe retribución alguna por el desempeño de sus funciones.

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