Gracias a las reivindicaciones de los abogados, el Gobierno da marcha atrás en sus planes de intentar aplicar este impuesto a la Justicia Gratuita.

Tras las reiteradas protestas de los Colegios de Abogados de toda España, incluido el de Huelva, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comunicado al Consejo General de la Abogacía Española, en el transcurso de una reunión, que la asistencia jurídica gratuita seguirá sin estar sujeta al IVA.

En la reunión, a la que asistieron la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; sus vicepresidentes, Sonia Gumpert y Oriol Rusca; y su secretario general, Ramón Jáudenes; el ministro de Justicia les trasladó la decisión del Gobierno que se traducirá en la presentación de una Proposición de Ley, consensuada entre PP y PSOE, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, para reforzamiento del sistema y de la garantía del acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia.

De esta forma, se fortalecerá el principio de obligatoriedad y el carácter indemnizatorio de la asistencia jurídica gratuita. En España, los colegios profesionales asumen la obligación de prestar un servicio público que se fundamenta en el artículo 119 de la Constitución. Por otro lado, la compensación satisfecha por esta asistencia tiene naturaleza análoga a una indemnización, es decir, no se entiende como una retribución, puesto que se aleja de los precios de mercado, se impone sin que el profesional tenga capacidad para modificarla, está sujeta a baremo y, con ella, se pretende indemnizar a los letrados y procuradores por la prestación del servicio sin retribución conforme a los criterios del mercado.

En la actual regulación, el servicio se califica como remunerado o retribuido, lo que había dado lugar a dudas sobre sus efectos fiscales, que desaparecerán como consecuencia de esta proposición normativa.

Las administraciones públicas competentes seguirán financiando, con cargo a sus dotaciones presupuestarias, la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores como hasta ahora.

Esta norma tendrá efecto desde el 1 de enero de este año y, para aclarar cualquier duda interpretativa, el Ministerio de Hacienda dictará una instrucción para que el IVA no se haga efectivo durante el periodo transitorio hasta la aprobación de la misma.

De esta forma, el Consejo General de la Abogacía Española valora positivamente el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Abogacía para que el servicio público de Justicia Gratuita siga sin estar sujeto a IVA.

Fruto del diálogo institucional y de las reivindicaciones de la Abogacía, el Gobierno impulsará una reforma urgente de la actual Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que ratificará la obligatoriedad de la prestación por los Colegios de Abogados del servicio público de Justicia Gratuita, el carácter indemnizatorio de los baremos de los abogados del Turno de Oficio y la no sujeción de este servicio al IVA.

Una vez que se presente la propuesta de reforma en el Congreso de los Diputados, la Dirección General de Tributos suspenderá de inmediato la aplicación de la consulta vinculante, con efectos retroactivos al 1 de enero, a la espera de la aprobación del nuevo texto legal.

El Consejo General de la Abogacía Española agradece al Ministerio de Justicia, en representación del Gobierno, el abierto diálogo mantenido desde finales de enero y su implicación para la resolución de este problema, que había provocado la protesta unánime de toda la Abogacía, hasta el punto de que se estaba estudiando la convocatoria de una huelga en el Turno de Oficio y diversas movilizaciones en toda España.

Asimismo, la Abogacía reconoce el acuerdo del Gobierno y el PSOE, el apoyo del PP, así como las Proposiciones No de Ley presentadas en el Congreso de los Diputados para salvaguardar el carácter público del servicio de Justicia Gratuita, tanto por el Grupo Socialista, como por los grupos parlamentarios de Ciudadanos, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Esquerra Republicana.

La Abogacía Española va a seguir trabajando, en el marco de la Comisión constituida por el Ministerio de Justicia, para que la Justicia Gratuita sea considerada un derecho de los ciudadanos y no un bien de mercado, y por la dignidad y el reconocimiento del trabajo que prestan 43.000 abogados y abogadas en cualquier lugar de España 24 horas al día, 365 días al año.