CARMEN BELINCHÓN, DIRECTORA GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

“La justicia gratuita es un compromiso irrenunciable y prioritario para el Gobierno andaluz”

Carmen Belinchón (Casablanca, Marruecos, 1963) lleva desde junio de 2012 al frente de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, de la que dependen, entre otros asuntos, la organización y prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, así como buena parte de lo relacionado con los menores infractores en nuestra Comunidad Autónoma, desde la ejecución de las medidas adoptadas por los órganos judiciales, en aplicación de la legislación sobre responsabilidad penal de los menores, hasta la creación, dirección, coordinación y supervisión de programas en relación con menores y jóvenes sometidos a medidas judiciales.

Juez de profesión, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y doctora en Derecho Procesal y Penal. Cuenta con una amplia experiencia en la Junta de Andalucía, donde ha desempeñado el cargo de directora general de Justicia Juvenil y Servicios Judiciales (2010-2012), directora general de Infancia y Familias (2004-2010) y directora general de Reforma Juvenil (2001-2004).

Antes de formar parte del Gobierno andaluz, Carmen Belinchón desarrolló una carrera profesional estrechamente ligada al ámbito de la judicatura, en la que ejerció como juez sustituta de los juzgados de Ronda (Málaga) y Sevilla. En 1996 comenzó a trabajar en el Juzgado de Menores de Sevilla, donde desempeñó su labor hasta 2001.

En esta entrevista, garantiza que la justicia gratuita es un compromiso “irrenunciable y prioritario” para el Gobierno andaluz, se felicita por el buen funcionamiento del primer Centro de Menores Infractores de la provincia de Huelva, y asegura que la prevención es fundamental para evitar que los menores lleguen a delinquir. Además, como responsable también del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA), destaca especialmente el trabajo que se está haciendo con las mujeres víctimas de violencia machista.

–-Como responsable de la Justicia Gratuita en Andalucía, ¿cuáles son los principales avances que se han producido en este campo en los últimos tiempos?

La justicia gratuita es un derecho constitucionalmente reconocido que pretende asegurar el acceso de todas las personas a la tutela judicial efectiva y que garantiza el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Hay que recordar que el actual régimen de justicia gratuita responde al mandato constitucional que establecen los artículos 24 y 119 de nuestra Constitución.

Debe quedar muy claro que la justicia gratuita es un compromiso irrenunciable y prioritario para el Gobierno andaluz. Por lo tanto, ante todo hemos querido garantizar su financiación.

–Una de las principales preocupaciones de los abogados es el pago en tiempo y forma de los turnos de oficio. ¿Qué medidas se están adoptando para su regularización definitiva?

Permítame que recalque que actualmente los pagos de justicia gratuita en Andalucía se encuentran al día y con fechas de pago acordadas con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados de Andalucía, que es interlocutor de la Consejería de Justicia e Interior en esta materia.

Además, hay que recordar que desde el año 2012 se ha cumplido firmemente el acuerdo alcanzado en relación con los pagos, pese a las dificultades originadas por la crisis económica. Y al respecto no podemos más que agradecer el esfuerzo que abogados y procuradores han venido haciendo ante el ajuste realizado a las ordenes de baremos por circunstancias involuntarias, impuestas por la necesidad de reajuste del déficit generado.

Pero subrayo, también, que es el deseo de esta Consejería de volver a la mayor brevedad posible a una orden de baremos adaptada a la nueva normativa procesal y ajustada en el importe de sus módulos. Y todo ello lo seguiremos llevando a cabo mediante un trabajo conjunto con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, que, insisto, es el interlocutor en la materia.

—En enero pudo abrirse al fin el Centro de Menores Infractores del que carecía la provincia de Huelva. ¿Cómo está funcionando en estos primeros meses?

Con la  apertura del Centro de Menores Infractores Odiel, Andalucía dispone ya de centros de menores infractores en todas sus provincias. Estamos muy satisfechos de estos primeros meses de funcionamiento. Al frente de la dirección del CMI ODIEL tenemos a un gran profesional con una brillante trayectoria  a su paso por distintos centros de menores, que, junto con el equipo de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales y educadores que le acompañan, cumplen satisfactoriamente los proyectos de intervención individualizado con cada menor.

—Su apertura vino precedida por polémica por el rechazo de algunos vecinos de Aljaraque a su ubicación en la zona. ¿Por qué cree que este tipo de centros siguen provocando un cierto rechazo?

Existe un gran desconocimiento en relación con los Centros de Menores Infractores y en la mayoría de las ocasiones se desvirtúa la información que se da sobre ellos. En todo caso, nuestro objetivo dentro del cumplimiento de las competencias que nos corresponden era dotar a Huelva y a su provincia de un centro de estas características, y eso hoy es una realidad.

—¿Cuáles son las líneas de trabajo más importantes que mantiene actualmente abiertas la Junta de Andalucía con los menores infractores?

Ante todo, la adaptación de todos y cada uno de los recursos de que disponemos para adecuarlos al perfil de la persona menor infractora.  Debemos recordar que estamos ante una ley que, desde la responsabilidad penal, su fin último es la inserción del menor. En este sentido, la prioridad fundamental es la especialización del profesional en función de la medida judicial que haya de ejecutarse. Ahora, para hacer frente a un aumento de los delitos de violencia filioparental hemos dotado, tanto a las medidas privativas de libertad como a las no privativas de libertad, de programas específicos de intervención, en los que la familia constituye el pilar fundamental en el proceso de trabajo que realizamos con esos menores.

–¿Cómo podría mejorarse la prevención, es decir, el trabajo previo para evitar que estos menores delincan?

Ninguna persona nace delincuente. Por ello, en el ejercicio de las responsabilidades parentales se impone el primer paso de la prevención. Sin lugar a dudas, ser padre o madre  es complicado, no existe una receta; por lo tanto, ante un problema con un hijo o una hija, antes que silenciar una realidad, debe pedirse ayuda y no sentirse culpable de un fracaso. Suelo decir siempre que el aula de una guardería, la clase de un colegio o la sala de un instituto debe ser la extensión del salón de tu casa, para poder compartir con los profesionales que día a día están con tus hijos los problemas que estás detectando.

La prevención se trabaja en la casa, en la escuela, en todo el entorno que rodea al menor, porque prevenir es detectar y detectar impone que todo profesional que presta sus servicios en el ámbito del menor tiene el deber no sólo de intervenir en la parcela que le corresponda, sino de actuar en transversalidad con las distintas áreas que considere.

–-Se está avanzando ahora en la mediación penal en menores infractores. ¿Cree que es un campo útil y con futuro?

Si analizamos la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, nos encontramos ante el laboratorio de pruebas de lo que es la justicia de mayores. Después de 16 años de vigencia, aun cuando requiera una reforma en aras de adaptarla a la realidad, su aplicación tiene unos resultados positivos.

La mediación en esta sociedad judicializada es uno de sus experimentos más interesantes a lo largo de estos años. En una sociedad judicializada como la que vivimos, esta forma de  resolución de conflictos en la justicia de menores es muy satisfactoria tanto para el menor infractor como para la víctima. Y si lo analizamos desde el punto de vista educativo, en ella se refleja uno de los principios inspiradores de la ley, cual es insertar socioeducativamente al menor infractor desde su responsabilidad penal.

–-Como responsable del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA), ¿cuáles son las líneas de actuación principales para intentar acabar con la lacra de la violencia machista contra las mujeres?

Andalucía dispone de servicio de atención a la victima desplegado en todo el territorio andaluz tras haberse puesto en marcha allá por el año 1997. Un magnífico grupo de profesionales, psicólogos, juristas, trabajadores sociales, abren diariamente sus puertas a las personas que acuden a estas oficinas víctimas de un delito. Y en los casos de las mujeres víctimas de la violencia machista, trabajan en coordinación con todos los operadores jurídicos y extreman su atención.

Además, a la asistencia jurídica y psicológica que se presta a las víctimas desde este servicio, se suma el acompañamiento y atención que hacen los profesionales del SAVA en sede judicial. Precisamente, la ley 4/2015, de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito en su artículo 28 ha venido a visualizar las  funciones que el SAVA viene realizando.