Rosa Aguilar, consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, recala en esta responsabilidad tras una larga trayectoria política y con la experiencia de  saber que los problemas encuentran buena parte de su solución en el consenso y  en el diálogo. Con este espíritu, encara una cartera compleja y de amplio espectro, llena de dificultades y eternas cuestiones sin resolver.

Tras una larga trayectoria de gestión pública, recala ahora en la Consejería de Justicia e Interior. ¿Qué objetivos se marca? ¿Cuáles serán las prioridades de la Consejería?
En primer lugar, quiero decirle que he afrontado esta etapa al frente de la Consejería de Justicia e Interior con ilusión, fuerza y ganas junto a un magnífico equipo que me acompaña. Nuestro trabajo tiene como señas de identidad la colaboración, la cooperación y la lealtad institucional con un objetivo claro, el de alcanzar acuerdos y llegar a consensos que sirvan para mejorar la situación de la Administración de Justicia en Andalucía. Mantenemos una relación habitual basada en el diálogo con todos los colectivos. Y una de nuestras prioridades es, sin duda, profundizar en ese diálogo para consolidar acuerdos en el ámbito de la justicia gratuita y continuar avanzando en aquellos aspectos que ocupan y preocupan a los colegiados. Uno de los objetivos de esta etapa es avanzar en los proyectos de Oficina Judicial y Fiscal, como paso previo al despliegue e implantación de este modelo organizativo en todo el territorio. Asimismo, vamos a seguir trabajando para mejorar los medios tecnológicos, tanto en lo que se refiere a la dotación de las sedes judiciales, como a los que sirven para mejorar las condiciones de trabajo de jueces y fiscales. Por otra parte, estamos trabajando en la elaboración de un Plan de Infraestructuras, que tenemos previsto concluir en el primer semestre de 2018. Para ello, estamos realizando un diagnóstico riguroso y pormenorizado de cada una de las 156 sedes que tenemos en Andalucía. Una vez que finalicemos este diagnóstico, iniciaremos la elaboración del Plan que queremos realizar desde el diálogo y la participación en la búsqueda del consenso. En paralelo, seguimos invirtiendo y actuando en las distintas sedes judiciales y desarrollando los programas de obras menores y de accesibilidad. Para ello, en el año 2018 contamos con un presupuesto de 5,13 millones de euros que nos permitirá llevar a cabo actuaciones en todas las provincias. Además, nos marcamos como prioridad iniciar los procesos que nos permitan dar respuesta a las ciudades de la justicia en las distintas capitales. Y, como sabe, la Consejería de Justicia tiene las competencias en materia de violencia de género que, sin duda alguna, es una prioridad absoluta para el Gobierno de Andalucía, que mantiene un compromiso pleno implementando políticas pioneras que nos sitúan a la vanguardia de esta lucha. El Gobierno de la Junta de Andalucía entiende la lucha contra la Violencia de Género de manera transversal en la acción de Gobierno, es decir, el de todas sus Consejerías.

¿Qué actuaciones considera más urgentes para acabar con esta lacra? ¿Por qué se ha decidido que estas competencias pasen a Justicia?
En lo que va de año han sido asesinadas 46 mujeres y 8 menores en España, siete de ellas y un bebé en Andalucía, unas cifras que son insoportables. Como le he dicho, el Gobierno andaluz tiene un compromiso pleno y total con esta lucha y, desde ese compromiso, vamos a estar en primera línea para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un pacto que es absolutamente necesario que se haga realidad cuanto antes y se dote económicamente de forma suficiente para que no se frustren las expectativas. Entre las prioridades que nos marcamos cuando llegamos a la Consejería estaba ultimar la tramitación de la modificación de la Ley 13/2007 de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género, que fue aprobada el pasado 12 de diciembre por el Consejo de Gobierno y ya ha sido remitida al Parlamento. A lo largo de estos 10 años ha sido una herramienta extraordinariamente útil en la lucha contra la violencia de género, una ley que ha sido también el marco normativo que nos ha permitido implementar en Andalucía distintas e importantes actuaciones en materia de sensibilización, prevención y detección, así como para la protección y atención a las víctimas. Con esta modificación, adaptamos nuestra ley a la normativa europea, en concreto, al Convenio de Estambul, que España ratificó en 2014, y a la normativa estatal: a la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, que aglutina en un sólo texto legislativo el catálogo del derecho de las víctimas, a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que pretende mejorar la atención y la protección de las personas menores víctimas de violencia de género, y a la Modificación por Ley Órganica 8/2015 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Con ello, ampliamos el concepto de víctima a los menores, mayores, personas con discapacidad y dependientes que estén bajo la tutela, guardia o custodia de la mujer víctima de violencia de género. Asimismo, diferenciamos también las formas de violencia y sus manifestaciones e incluimos importantes avances en lo que se refiere a la protección y atención integral de las víctimas. Y, sin duda, es en el ámbito de la violencia de género donde el compromiso de las abogadas y abogados adscritos a la Justicia Gratuita adquiere especial relevancia. En concreto, en el Turno especializado de Violencia de Género hay adscritos 4.174 letradas y letrados que realizaron durante 2016 4.602 asistencias completas y 8.852 actuaciones en el Turno de Guardia específico. En el marco de ese compromiso, desde la Consejería de Justicia e Interior hemos acordado, con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, singularizar las guardias destinadas a violencia de género, es decir, reservar un cupo ampliable según la demanda (cosa que no deseamos) para atender este servicio.

¿Qué primera radiografía hace de la situación del sistema judicial en Huelva?
Antes de entrar a valorar la situación de la Administración de Justicia en Huelva, quisiera referirme al presupuesto que la Consejería de Justicia e Interior tiene para este ámbito en 2018, que es de 452 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,8% respecto al de este año. Este presupuesto nos va a permitir llevar a cabo un conjunto de actuaciones que expresan las prioridades en el área de Justicia de la Consejería. En lo que se refiere al personal, Huelva cuenta con una plantilla de 495 funcionarios a la que se suman un total de 24 refuerzos entre ordinarios, extraordinarios y los 7 que establece el Consejo General del Poder Judicial para el Juzgado de 1ª Instancia número 6, que es el juzgado especializado en los asuntos de cláusulas suelo. En el ámbito de las infraestructuras, puedo decirle que en cada una de las sedes judiciales con las que cuenta Huelva y su provincia trabajamos de manera continuada para ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía y para que los profesionales del ámbito de la justicia desarrollen su trabajo en las mejores condiciones. En el caso concreto del Palacio de la Justicia, vamos a ejecutar distintas obras de reforma el próximo año y actuaremos también en otras sedes de la provincia. Pero serán los juzgados de Ayamonte donde realicemos un importante esfuerzo para dar respuesta a las necesidades actuales, en concreto, será 2018 el año en que iniciemos el proyecto de reforma integral de la sede. Asimismo, en 2018, pondremos en marcha en Huelva un contrato nuevo para la custodia externa de documentación para trasladar 25.000 cajas, que son 3.125 metros lineales de documentación. Dicho esto, tengo que decirle que en Huelva, como en el resto de Andalucía, existe una realidad, y es que hacen falta más jueces y más órganos judiciales. Como sabe, la creación de órganos judiciales es una competencia exclusiva del Gobierno de España. Y fue por ello que desde la Consejería, y en consenso con el TSJA, trasladamos al Ministerio de Justicia unas necesidades que no han sido atendidas en su totalidad en el Real Decreto de 13 de octubre de Creación de Nuevos Órganos Judiciales para 2018. Como sabe, en Huelva el Ministerio sólo ha contemplado la creación del Juzgado de 1ª Instancia número 8 de Huelva.

¿En qué situación se encuentra el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Huelva?
La Consejería de Justicia e Interior está firmemente comprometida en la mejora de las infraestructuras judiciales de toda Andalucía. En el caso de las grandes obras, como es el caso de las ciudades de la justicia, su ejecución está condicionada a múltiples factores, uno de los más importantes la disponibilidad de suelo adecuado. En el caso de Huelva, actualmente, el Ayuntamiento está inmerso en el desarrollo de su planeamiento urbanístico que condicionará las actuaciones que se deben realizar para llevar a cabo este proyecto. Por nuestra parte, estamos en contacto y en permanente diálogo con el Ayuntamiento para encontrar juntos la mejor solución al respecto.

¿Cómo valora la situación de carga de trabajo de los Juzgados de Ayamonte y del número 2 de La Palma del Condado?
No le voy a negar que en Andalucía hay juzgados en las distintas jurisdicciones que superan el módulo establecido por el CGPJ, pero también hay otros que están dentro de la previsión que marca el órgano de gobierno del Poder Judicial e incluso por debajo. Por parte de la Consejería, en el marco de nuestras competencias y de la disponibilidad presupuestaria, venimos desarrollando actuaciones en el ámbito de los recursos humanos, las infraestructuras y las tecnologías que permitan el mejor desarrollo de la Administración de Justicia. En concreto, en el caso de los Juzgados de Ayamonte no todos los juzgados de este partido judicial están en la misma situación: concretamente, las mayores cargas de trabajo se dan en los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción número 2 y 3, una situación que también ocurre en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 2 de La Palma del Condado. Desde la Consejería, mantenemos cubierta la plantilla de funcionarios de estos juzgados y, además, hemos destinado personal de refuerzo a cada uno de estos juzgados. La solución a la sobrecarga de los órganos judiciales donde esta situación se da viene determinada, en gran medida, por la creación de órganos judiciales. En este sentido, tengo que decirle que precisamente una de las peticiones que trasladamos al Ministerio de Justicia desde la Consejería fue la necesidad de crear un nuevo juzgado de Primera Instancia e Instrucción en La Palma del Condado. Una petición que, desafortunadamente, no ha sido atendida.

Es evidente que la Justicia ha emprendido el camino de su modernización tecnológica. ¿Qué espera de ese reto?
En Andalucía venimos realizando una apuesta seria por una modernización real de la Administración de Justicia y contamos para ello con una planificación adecuada. En este sentido, estamos inmersos en un proceso de transformación tecnológica en el que vamos dando pasos importantes, como demuestra el hecho de que el 100% de los órganos judiciales de Andalucía ya utilizan la firma electrónica, llegando a los casi 19,7 millones de documentos firmados. Pero queremos seguir dando pasos adelante. La Consejería está desarrollando una estrategia denominada ‘Agenda para una Justicia Digital Andalucía 2020’, que tiene un presupuesto global de 30 millones de euros. En concreto, en 2018 vamos a invertir 17,9 millones de euros para el área tecnológica, de los que 7,9 millones de euros van a ir destinados al inicio de la construcción y desarrollo del nuevo sistema de gestión procesal, 3,2 millones de euros a la adquisición de material tecnológico y 6,8 millones de euros para contratos de desarrollo de programas y sistemas.En esta línea del salto tecnológico necesario, las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia estamos inmersos en un proceso de diálogo para ir a un sistema procesal integrado que haga la justicia más eficaz y eficiente.

Una de las principales preocupaciones de los abogados es el pago en tiempo y forma de los turnos de oficio. ¿Qué medidas se están adoptando para su regularización definitiva?
El Gobierno de Andalucía tiene un compromiso firme con la justicia gratuita porque es un servicio público que garantiza el ejercicio del derecho a todas las personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para litigar y que de otra forma no podrían hacerlo. En Andalucía contamos con 10.000 profesionales en el Turno de Oficio, lo que expresa un claro compromiso social con los más desfavorecidos de la sociedad y realizan un trabajo que, sin duda, merece todo mi reconocimiento. Este año, la Consejería ha destinado 43,2 millones de euros de su presupuesto a justicia gratuita y los pagos por este servicio los venimos abonando en tiempo y forma de manera trimestral, tal y como nos comprometimos con el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. En este sentido, puedo decirle que cumplimos con lo acordado y vamos a seguir haciéndolo. Como saben, estos pagos incluyen también el incremento de hasta el 8% de las cantidades destinadas a los gastos de funcionamiento de los colegios profesionales, y el incremento del 10% en el turno de guardia y del 5% en el turno de oficio, que subirá otro 5% en el año 2018.

Por último, ¿cómo está siendo y cómo espera que sea su relación con el colectivo de abogados?
El diálogo y la búsqueda de acuerdo y de consenso van a ser, como en todas las facetas de mi responsabilidad al frente de esta Consejería, la base de mi trabajo y así quiero transmitirlo al colectivo. Las puertas de la Consejería de Justicia e Interior están abiertas para todo lo que puedan necesitar y cuentan conmigo, como con el resto del equipo, en todo momento. Los colegios profesionales saben que cuentan con su Consejería para dar respuestas y soluciones a cuestiones de su interés, tanto en el desarrollo profesional, como en el de sus funciones colegiales.