El Colegio de Abogados de Huelva mantiene un firme compromiso en el buen funcionamiento de la Jurisdicción del Menor. Para ello, pone en marcha de manera periódica jornadas y cursos de formación en colaboración con la Fiscalía y el Juzgado de esta especialidad con el objetivo de formar a sus colegiados en las particularidades de un apartado del sistema judicial cuyas especiales características requiere de una detallada atención.

Un buen ejemplo de ello es el Turno de Oficio especializado en Menores, al que están adscritos un total de 162 abogados de la provincia de Huelva y cuyo funcionamiento y coordinación con la Fiscalía de Menores y el propio Juzgado resulta de vital importancia para el buen funcionamiento de la Jurisdicción.

En una Jurisdicción en la que no existen penas, sino medidas, que se sustenta en el interés superior del menor y cuyo fin último es la reeducación del adolescente infractor para su recuperación para la sociedad, el papel del abogado resulta crucial para el buen desarrollo de todo el proceso. La buena coordinación y el trabajo conjunto está consiguiendo, en este sentido, notables resultados como el hecho de que dos terceras partes de los menores infractores no vuelvan a delinquir después de la actuación de la Jurisdicción del Menor y de todos sus agentes implicados. Entre ellos, y de manera destacada, los abogados.

“Nos encontramos ante una asistencia difícil y complicada, en la que los abogados son verdaderos cruzados, cuyo único reconocimiento, en la mayoría de los casos, es el de irse a casa con la convicción del trabajo bien hecho”, explica Manuel Vázquez, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Huelva, responsable de Menores en la entidad y presidente de la Asociación de Abogados del Partido Judicial de Ayamonte.

Vázquez asegura, en este sentido, que el papel del abogado es clave en todo el proceso de reeducación del menor infractor, “ya que no ha de ser otra la finalidad de esta jurisdicción”. Así, el letrado, una vez que sabe acreditada la infracción del menor al que defiende, tiene que ir más allá de su papel “y entender el delito cometido, pues algunas veces una infracción sin importancia puede ser anunciadora de una más grave”.

Además, el abogado debe “conocer, entender y comprender las circunstancias personales, trayectoria, entorno social y familiar del menor” que ha cometido un delito para poder ofrecerle un servicio integral de apoyo y asesoramiento, haciéndole ver, en ocasiones, el alcance de los perjuicios que ha cometido su infracción “y la necesidad de su reparación”.

“La Jurisdicción del Menor no está ni para reprimir ni para sancionar, sino para reeducar”, afirma Manuel Vázquez, quien considera que el fin último es que los menores infractores “terminen asimilando e interiorizando una serie de valores y principios para su pacífica convivencia en la sociedad”.

Aunque se han producido avances positivos como la apertura del Centro de Internamiento de Menores Infractores del que carecía Huelva (era la única provincia andaluza sin este tipo de instalaciones), Manuel Vázquez asegura que para el buen funcionamiento de la Jurisdicción debe reorientarse la vigilancia y el cumplimiento de las medidas. “Es la principal carencia que tiene Menores, porque en la mayoría de los casos todo queda en una anecdótica sanción que tiene escasa incidencia sobre el menor”. Ello a pesar de que “la normativa penal española sobre menores es de las mejores y más duras de nuestro en torno”, por lo que, en su opinión, “tenemos los medios, pero tenemos que aprender a usarlos”.

El papel de los padres
El papel que juegan los padres de los menores infractores resulta también de especial importancia en el proceso reeducativo que persigue la Jurisdicción del Menor. Manuel Vázquez asegura que no debe olvidarse que “cuando un abogado trata un tema de menores, tenemos un cliente desdoblado en dos personas: por un lado, el propio menor; y, por otro, sus padres”.

En este sentido, asegura que en el trabajo diario de los letrados con menores “tiene una gran trascendencia la intervención de los padres, quienes, evidentemente, son los más interesados en que prime el interés superior de su hijo”.

Con todo, Vázquez alerta de que muy a menudo “se olvida la intervención de los padres durante la tramitación del procedimiento judicial, recurriendo a los mismos sólo cuando llega la hora de la imposición de las medidas, haciendo a éstos partícipes obligatorios del cumplimiento de las mismas”.

De esta forma, asegura que “la realidad nos demuestra que, en muchos casos, cuando un menor llega a un procedimiento judicial, sus padres ya han agotado todos sus recursos para evitar el conflicto, estando inmersos en una situación de desesperación ante la ausencia de respuesta de la Administraciones competentes”. “De esta parte de la Jurisdicción del Menor, es decir, de los padres, se encargan también los abogados”, concluye.

Jueza de Menores

Las particularidades de la Jurisdicción del Menor, donde no existen penas, sino medidas dada su naturaleza educativa, en la que prima siempre el interés superior del menor y en la que la reinserción juega un papel determinante, la convierten en un apartado del sistema judicial de muy especiales características que suele ‘enganchar’ a quien lo prueba. Es el caso de la magistrada Adulfa Medina, que desde hace casi tres años está al frente del Juzgado de Menores de Huelva, un puesto que le reporta “una gran satisfacción profesional y personal”.

Por su juzgado pasan anualmente, en números aproximados, unos 200 menores (chicos, en su mayoría) que han cometido algún tipo de delito, gran parte de ellos de lesiones, contra el patrimonio y, en los últimos tiempos, los relacionados con la violencia en el entorno familiar y con las nuevas tecnologías.

Estos dos apartados son los que más preocupan en el juzgado de la calle Echegaray de la capital onubense, debido a su progresivo aumento. Respecto a los delitos relaciones con las nuevas tecnologías la jueza avisa de que “se está observando un incremento notable de este tipo de delincuencia”, mientras que la violencia doméstica crece “a causa del modelo educativo que se impone en nuestra sociedad, aunque no pueden obviarse otros factores como el modelo familiar o la conciliación familiar de los progenitores, entre otros”.

Medida explica que estos dos delitos han provocado que el perfil del menor infractor no sea homogéneo, se haya hecho cada vez más difuso y se haya extendido “a todos los grupos sociales”, con lo que los viejos tópicos que pesaban sobre esta Jurisdicción comienzan a desmoronarse.

La recurrente alarma social que pesa también sobre la Justicia Juvenil , como se comprobó con la ubicación del Centro de Menores abierto finalmente en la carretera de Gibraleón, hace que en ocasiones una parte de la sociedad se plantee la necesidad de endurecer las medidas a los menores infractores, una ‘solución’ que la jueza de Huelva rechaza de plano.

“Alargar la duración de las medidas no garantiza mejores resultados, ya que éstas están diseñadas para aplicarlas a menores”, asegura Medina, quien afirma que su experiencia le dice que esta solución “puede llegar a tener en la práctica efectos perniciosos en el menor”.

En este sentido, Adulfa Medina considera que la actual Ley de Responsabilidad Penal del Menor es una “buena herramienta que permite trabajar con los menores obteniendo buenos resultados, aunque haya aspectos que puedan mejorarse”. De esta forma, recuerda que dos de cada tres menores infractores no vuelven a delinquir y logran la reinserción gracias a la labor de los operadores jurídicos y sociales que trabajan en esta Jurisdicción.

Respecto a los medios con los que cuenta Huelva para la aplicación de la Justicia Juvenil, la jueza de Menores celebra la apertura del Centro de Menores, que ha supuesto “un avance muy importante”, aunque lamenta las carencias todavía presentes en relación con el cumplimiento de las medidas de internamiento para las menores, así como para el cumplimiento de internamientos terapéuticos.

Respecto al trabajo de los abogados onubenses, Medida recalca “la especial sensibilidad y preocupación de los letrados hacia esta jurisdicción”, y destaca las jornadas de formación que se celebran promovidas por el ICAH con le objetivo de acercar a los abogados una especialidad “en la que siempre hay que tener presente que lo realmente importante es el interés superior del menor”.