Entrevista José Manuel Borrero. Juez decano

“La Justicia no puede funcionar bien sin independencia ni autonomía económica”

José Manuel Borrero es, desde septiembre de 2009, la voz de los jueces de Huelva por elección de los propios magistrados. Durante estos siete años, ha jugado un papel clave en la reivindicación de la modernización de la Justicia, tan necesitada de reformas, como el altavoz de los problemas que sufren los juzgados onubenses. El también titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 repasa en esta entrevista las principales necesidades del sistema en Huelva y lamenta que los responsables políticos sigan sin tomarse en serio este pilar fundamental del Estado.

¿Cuáles son las funciones de un Juez Decano?

Es una figura que se recoge en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 y en el reglamento de los órganos de gobierno del Consejo General del Poder Judicial. Sus funciones tienen que ver fundamentalmente con el reparto en todos los juzgados, básicamente en los 25 que tenemos en Huelva. Ésa es una función clave. Luego, si hay discrepancias en el reparto, el Juez Decano resuelve gubernativamente. También convocamos la junta de jueces para los asuntos de interés, tenemos funciones de representación institucional, de inspecciones de los registros civiles de la provincia, velamos por la buena utilización de las instalaciones en coordinación de la Junta de Andalucía, etc.

Entre esas funciones está también la de ser el altavoz de las reivindicaciones judiciales con las administraciones.

Efectivamente. A mí me llegan los problemas de los 25 juzgados que tenemos en Huelva, y desde el Decanato los encauzamos a la Junta de Andalucía para que se traten de resolver. También velamos por el buen funcionamiento de los servicios comunes.

Lleva usted desempeñando estas funciones desde 2009. Tras todos estos años, ¿la experiencia es positiva?

Es positiva, sí. Yo tengo una visión muy clara de lo que debe ser un Decanato. A mí me eligen mis compañeros y yo no soy superior a ellos, aunque tenga funciones gubernativas. Yo no tengo facultades de inspección de los juzgados, aunque mucha gente lo confunda y crea que sí. Mi papel es el de colaborar con los jueces para resolver los problemas que se presenten en sus juzgados. Soy un ‘inter pares’ entre ellos. La experiencia es positiva, porque conozco las administraciones, las entiendo, sé cómo funcionan y me manejo bien con ellas, aunque me suponga mucho trabajo extra, porque aquí los Jueces Decanos no estamos liberados. Vamos tirando, y salen las cosas por el esfuerzo y el trabajo de los funcionarios y del personal, como en todos los juzgados. El principal problema es la falta de personal y de medios.

En estos casi 8 años como Juez Decano le ha dado tiempo a conocer mucho más a fondo el sistema judicial onubense. ¿Cuáles son sus principales carencias?

Tenemos 25 juzgados. Si cogemos un listado de sus necesidades, creo que las más importantes son la excesiva carga de trabajo de un modo general en todos los juzgados. Los juzgados de lo Social están sobrecargados a consecuencia de la crisis económica y necesitan de un plan de refuerzo para ponerlos al día. Sería bueno la creación de un quinto juzgado de lo Penal, por la sobrecarga de trabajo que también existe en ellos y la consiguiente demora en las ejecutorias. En los Civiles también hay una excesiva carga de trabajo, porque han asumido muchos asuntos de clausulas abusivas y de tráfico. El Juzgado de Violencia de Género creo que está funcionando bien, pero se está estudiando adscribir todo este tema en la provincia al juzgado de Huelva capital y sacarlo de los partidos judiciales, creando un segundo juzgado. Sería una solución. Esto iría en la línea de lo que se está planteando ahora de crear otro tipo de tribunales más allá de la fórmula de los Partidos Judiciales.

¿Suprimir los Partidos Judiciales?

Exactamente, pero habría que pensar bien si eso conviene hacerlo o no, porque implica muchísimos cambios. O, en todo en caso, dejar en alguna zona concreta un tribunal colegiado. Eso ya está funcionando en otros países de Europa.

Pero para traerlo todo a Huelva, sería más que necesaria la Ciudad de la Justicia, que parece que se ha descartado.

Estamos con esto de la Ciudad de la Justicia desde 2004. Pero lo que hace falta es el dinero, cómo financiamos el proyecto. En otras provincias se ha hecho con financiación público-privada, que sería lo ideal, como en Córdoba. Huelva se ha quedado atrás. Aunque haya voluntad de hacerlo, no hay posibilidad económica. Actualmente, con lo que tenemos vamos tirando, pero esto no es lo presentable. Casi todo está atascado.

Los atascos provocan asuntos pendientes. ¿Están cuantificados?

Hay muchísimos. Es bueno que la gente sepa que actualmente hay una excesiva carga de trabajo en los juzgados de Huelva. Los jueces somos la parte de un poder del Estado, de la famosa división de Montesquieu, y esto no va a funcionar bien hasta que los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, dejen de politizar y de meterse en el Judicial. La Justicia tiene que ser independiente, sino no funciona. Independencia y autonomía económica: eso es lo que nos hace falta. No tiene sentido que para mover un papel haya que pedirle permiso al Ministerio o a la Junta de Andalucía. Así no hay manera de trabajar. Desgraciadamente, a la Justicia no se le toma en serio en este país.

A lo mejor es que a los políticos no les interesa un sistema judicial bien preparado y bien dotado.

No es que no les interese, es que no se enteran. Desconocen el fondo de lo que es el Poder Judicial, de todo lo que necesita para funcionar bien. El propio procedimiento de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial es un ejemplo. Los nombran los partidos, lo que es un grave error.

¿Veremos algún día una Justicia plenamente digitalizada?

Yo creo que sí. Es imparable, y no hay otro camino. Para atrás no podemos volver. Lo que hay que dotar a los juzgados es de los medios adecuados para que eso sea una realidad. Que un juez pueda trabajar a cualquier hora y desde cualquier sitio. Eso es fundamental.

Todos estos retrasos provocan una justicia lenta. ¿Usted está de acuerdo con eso que se dice que una justicia lenta no es justicia?

La justicia lenta llega, pero llega tarde. Y para que no sea lenta, la clave es la dotación de medios. Hay que cambiar de forma de trabajar. Si yo tengo 2.000 asuntos, no hay otra solución posible que una justicia lenta. Si tengo 250, no hay justicia lenta, como ocurre en Alemania o en otros países.

¿Ayudaría la mediación a desatascar la justicia?

En algunos aspectos, podría ayudar. Pero el problema es que no hay cultura de mediación, que además está pensada para los órganos civiles y mercantiles. Hay que formar a los mediadores y hacer campañas de información de la población, porque la mediación está pensada para no acudir a los juzgados, que es lo que ayudaría de verdad.

¿Cómo es su relación con los abogados?

La mía personalmente es buena y correcta. También depende mucho de los abogados, porque los hay de todo tipo. Pero en general las relaciones desde el Decanato son muy buenas.

Los Jueces Decanos de toda España acaban de celebrar sus jornadas nacionales. ¿En qué han consistido?

Las jornadas de los Jueces Decanos están teniendo unos resultados extraordinarios, porque se recoge en ellas todas las demandas e inquietudes de toda España, lo que nos permite ver los problemas en su conjunto. Analizamos todos los déficits que tenemos y sacamos unas conclusiones que luego elevamos al CGPJ y al Parlamento para que las tengan en cuenta.

Despiece

LAS PROPUESTAS DE LOS JUECES DECANOS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA JUSTICIA

Los Jueces Decanos de toda España han celebrado recientemente sus XXVI Jornadas Nacionales, cuyo resultado han sido una serie de conclusiones y peticiones para mejorar los problemas de la Justicia. Estas son las más destacadas:

Incremento de la inversión. Los Jueces Decanos entienden que sin inversión no puede haber modernización, ni siquiera mejoras.

Ampliación de la planta judicial.- El objetivo es situar la ratio de jueces en España en términos ajustados a los países de nuestro entorno.

Control de la litigiosidad. Consideran necesario arbitrar medidas para reducir la litigiosidad, excesiva en España.

Mapa judicial. Concentración territorial.- Acomodar la obsoleta organización territorial judicial que data de principios del siglo XIX y acomodarla a la realidad social, política, económica y demográfica actual.

Registro civil.- Si bien es adecuada la tendencia a la desjudicialización, los Jueces Decanos creen que lo más adecuado es que la llevanza del Registro civil continúe en manos de los jueces y los Letrados de la Administración de Justicia con la oportuna inversión, adaptación, reorganización y modernización.

Creación de potentes y eficaces servicios comunes de apoyo a los Juzgados. Entre otras medidas, creen ineludible la mejora, centralización y especialización del sistema de averiguación de bienes así como la creación de servicios comunes especializados en ejecución.

Mejorar la atención al ciudadano. La mejora de la atención al ciudadano debe ser una máxima a tener en cuenta en todo momento, según los Jueces Decanos. En este sentido, propugnan la potenciación de las Oficinas de Atención al Ciudadano coordinadas y servidas por personal técnico especializado.

Entrada masiva de demandas. Establecimiento de mecanismos procesales y organizativos que permitan afrontar con eficacia y celeridad la entrada masiva de demandas.

Revisión del reparto competencial con las Comunidades Autónomas. Creen preciso redefinir las competencias de las Comunidades Autónomas, ya que frecuentemente actúan como “auténticos reinos de taifa”.

Mayor modernización informática. Los Jueces Decanos denuncian que continúa la “triste e incomprensible” incompatibilidad de sistemas informáticos de las distintas Comunidades Autónomas.

Expediente digital. La falacia del “papel cero”. El expediente digital es “deseable y necesario”, según el colectivo, pero considera que se ha seguido un camino “inadecuado, sin previsión, sin inversión, de forma incompleta, con precipitación e improvisación”.

Nuevo Sistema de elección de los Vocales del CGPJ. El CGPJ debe quedar al margen “de cualquier tipo de influencia o designación política, y sus vocales deben ser elegidos por los propios jueces”.

Independencia económica del poder judicial. El Poder Judicial no puede ni debe seguir condicionado “por la mayor o menor generosidad de los poderes ejecutivos central o autonómicos”.

Reducción de los aforamientos y de los indultos.- Los aforamientos “complican, dilatan y perjudican notablemente” la tramitación de las causas por corrupción y además “evidencian desconfianza” hacia el juez ordinario predeterminado por la Ley.

Regulación y limitación de las “puertas giratorias”.- El “trasiego” de los jueces de la judicatura a la política y viceversa, aunque poco frecuente, provoca un “indudable daño” a su imagen de independencia e imparcialidad.

Cargas de trabajo. Los Jueces Decanos consideran que sin la definición de este elemento no es posible ninguna planificación de futuro “y mucho menos un mapa judicial serio”, por lo que debe determinarse definitivamente la carga de trabajo de los jueces por el CGPJ y aplicar el límite de entrada de asuntos máximo admisible.