“No es de recibo que, en pleno siglo XXI, la justicia siga como está”

Victoria Ortega fue nombrada el pasado mes de enero presidenta del Consejo General de la Abogacía, siendo la primera mujer que accede al cargo. Además de reorganizar el Consejo, en estos meses ya se han establecido algunos contactos encaminados al Pacto de Estado por la Justicia: “Hay que apostar por una reforma global duradera que se adapte a las necesidades de los profesionales y de los ciudadanos”.

Tras dos meses escasos desde su toma de posesión, ¿cuáles son sus primeras impresiones?

He asumido la Presidencia de la Abogacía con muchísima ilusión, pero reconozco que también con un gran sentido de la responsabilidad que a veces puede producir algo de vértigo. Lo primero que he hecho ha sido organizar y estructurar el Consejo General de la Abogacía para que todo el trabajo que se realiza, que es mucho, resulte más transparente, más coordinado, más eficiente y más eficaz.

Se han reorganizado las Comisiones y Subcomisiones, las cuales serán presididas por consejeros, y se han encargado misiones concretas a otros consejeros. Para agilizar la eficiencia y evitar duplicidades, un consejero coordinará específicamente el trabajo de todas las Comisiones. Por otra parte, también se ha designado a otro consejero para la coordinación con los Consejos Autonómicos, de forma que no repitamos esfuerzos y que, garantizando la independencia y libertad de cada uno de ellos, busquemos la unión que hace la fuerza.

Tenemos muchos retos delante de nosotros, pese al actual impasse político, y creo que es fundamental el diálogo, el debate y el trabajo en equipo, ir a lo esencial de las cosas y, sobre todo, conseguir lo mejor para los profesionales de la Abogacía y para los ciudadanos, por encima de cualquier otro interés.

¿Qué retos se plantea en su mandato?

Ya he dicho que son muchos, pero lo más importante es abordarlos desde la solidez de los planteamientos, desde la unidad y preservando los valores esenciales de la  Abogacía, especialmente su independencia. Cuando esas han sido nuestras banderas, es cuando más se nos ha escuchado, más se nos ha respetado y, también, cuando más hemos conseguido.

Tenemos que trabajar por la puesta en valor de la Abogacía ante las instituciones y por la necesidad de que los abogados seamos oídos y escuchados en toda aquella normativa que nos afecte a directamente o que ponga en juego los derechos de los ciudadanos. También es fundamental y prioritario seguir apostando por el avance tecnológico tanto profesional como en la justicia. Es necesario tener una Abogacía que aborde la formación -inicial y continuada- con rigor, exigencia y seriedad desde una perspectiva de excelencia. Es fundamental el respeto estricto a las normas deontológicas y, sobre todo, como he dicho antes, una Abogacía que conserve su independencia frente al poder político, que defienda la dignidad de la profesión y que participe directamente en el diseño y elaboración de las normas jurídicas. Me refiero a proyectos legislativos que nos afectan directamente como la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley de Servicios y Colegios Profesionales y la Ley del Derecho de Defensa, que considero fundamentales para la profesión.

También vamos a seguir trabajando, a través de la Fundación Abogacía, con todo lo relacionado con la defensa y la promoción de los Derechos Humanos. Otro punto que nos preocupa mucho es Europa y en un doble sentido: la falta de respuesta a los problemas de los refugiados desde la que es la cuna de los derechos humanos y, la importancia de que lo que allí se decide acaba siendo nuestro derecho nacional. Por eso es muy importante estar más presentes en Bruselas y ejercer en ese nivel, a través de nuestra Delegación en Bruselas, la misma influencia que queremos y necesitamos en el territorio nacional.

Son muchos los retos que debemos abordar, pero estoy segura de que si los abordamos con ilusión y con la colaboración de todos, sin duda, los superaremos con éxito.

En su programa hablaba de la necesidad de un Pacto de Estado por la Justicia. ¿Se ha comenzado ya a trabajar en este sentido?

Sí, ya se han establecido algunos contactos con distintos sectores de la justicia y profundizaremos en ellos. Estamos trabajando para conseguir que sea menos lenta, más transparente y eficiente, y que sea más comprensible para los ciudadanos. Esto exige reformas de orden procesal que sean aprobadas de forma consensuada; hay que apostar por una reforma global duradera que se adapte a las necesidades de los profesionales y de los ciudadanos, no sirve ir poniendo parches para solventar situaciones concretas.

Nos encontramos en condiciones de liderar un debate con todos los actores jurídicos  y de ofrecer propuestas a las fuerzas políticas y sociales para que, unidos, configuremos un Pacto de Estado por la Justicia. Los abogados estamos en disposición de aportar nuestra experiencia, nuestro conocimiento de los problemas del ciudadano y nuestra comprensión del funcionamiento de la Administración de Justicia para liderar ese Pacto de Estado por la Justicia que todo el mundo reclama, pero que muy pocos se atreven a abordar.

¿Qué mejoras cree prioritarias para el sector?

Todos somos conscientes de que existen otras Administraciones públicas que disponen de más y mejores medios que la justicia. Nada tiene que ver, y es un ejemplo, el funcionamiento hoy y la inversión realizada en la Administración de Justicia con la de Hacienda o la que gestiona la Seguridad Social. Ante la opinión de que a las fuerzas políticas no les interesa una justicia que funcione bien, yo prefiero pensar que por unas u otras razones los responsables políticos han creído que existían otras prioridades. Pero, como todos somos conscientes del error y todos sabemos que hemos llegado tarde, no hay excusa para abordar el problema en toda su magnitud y con la máxima urgencia.

Si queremos tener una mirada positiva sobre el problema, le diría que hay tantas cosas que mejorar, tanto margen para regenerar la Administración de Justicia, que si los  futuros responsables del Gobierno hicieran solo la mitad de lo que es imprescindible, el cambio sería abismal. Presionaremos para que escuchen a la Abogacía y al resto de los actores jurídicos y para que hagan más. No es de recibo que en pleno siglo XXI, la justicia siga como está.

Sobre la aplicación de las nuevas tecnologías en el ejercicio de la profesión, ¿cree que Lexnet garantiza la seguridad jurídica y la tutela judicial? ¿Cuáles son sus principales reivindicaciones o qué soluciones plantea en este sentido?

Estamos sufriendo mucho todos con Lexnet, pero la abogacía institucional y los abogados estamos haciendo un enorme esfuerzo y una apuesta indudable por la modernización de la justicia. Nadie podrá decir, si no funciona, que no hemos hecho todo lo posible para mejorarlo, para pedir mejoras al Ministerio, para reclamar lo que es necesario. En la reunión que mantuvimos los responsables del Consejo General de la Abogacía con los presidentes de Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados y responsables de autonomías donde no existe consejo autonómico, detectamos que los problemas más comunes en la aplicación de Lexnet son la insuficiente inversión que se ha realizado por parte del Ministerio en medios tecnológicos y en personal, y, también, en garantizar la adecuada formación de los colectivos de la Administración de Justicia. Además, sigue sin garantizarse la interoperabilidad entre los diferentes sistemas informáticos de las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia, lo que está perjudicando el funcionamiento de Lexnet.

Ante esta situación, desde la Abogacía exigimos un plazo realista que asegure el correcto funcionamiento de Lexnet en todo el territorio y que, para garantizar la seguridad jurídica en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, se mantenga durante este periodo la posibilidad de presentar escritos tanto en formato digital como en papel. También pedí personalmente al ministro, y eso sí está funcionando, la puesta en marcha de Comisiones de Seguimiento autonómicas, provinciales o locales con todos los operadores jurídicos implicados, para analizar y resolver los problemas concretos.

Hay que solventar los problemas que tenemos y mejorar la eficiencia de la justicia. Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo porque lo cierto es que la finalidad pretendida con la modernización de la Administración de Justicia es positiva para todos.

¿Siente que con su elección se ha roto el techo de cristal?

La presencia de la mujer es mayoritaria en la base, pero va reduciéndose a medida que se asciende en la jerarquía. Esto es una realidad no solo en el mundo de la justicia, sino también en casi todas las áreas profesionales y empresariales. También la mayoría de nuestros compañeros, no solo nosotras, tienen esta sensibilidad y creen absolutamente necesaria la igualdad entre hombres y mujeres en ámbitos de dirección. Pero queda mucho por hacer para romper no este, sino todos los techos de cristal. Sin embargo, a veces el problema no es que la mujer tenga un techo de cristal, sino que está sobre un suelo de cristal que muchas veces, con la discriminación laboral y salarial, con la imposibilidad real de conciliar, se rompe bajo ellas.

No puedo negar que para mí es una satisfacción enorme ser elegida la primera mujer que alcanza la presidencia de la Abogacía Española, pero el día que esto no nos llame la atención y se vea como algo absolutamente normal habremos logrado la igualdad que nos hemos ganado las mujeres ya hace tiempo.

Desde la Presidencia del Consejo General de la Abogacía Española impulsaré todas las políticas de igualdad que sean posibles y necesarias y animo a todas las abogadas a luchar por esa igualdad en todos los frentes posibles.