Los recientes fallos de seguridad en la plataforma LexNet, que ha provocado una verdadera tormenta judicial y política, han vuelto a poner sobre la mesa las carencias de una herramienta imprescindible en el trabajo diario de muchos abogados que tienen que bregar con un sistema que no termina de satisfacerles.

Así lo asegura la miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Huelva Charo Castro, quien afirma que los fallos de seguridad LexNet, “aun siendo gravísimos, no deben ocultar los numerosos problemas que nos plantea diariamente a los abogados una plataforma que, hoy por hoy, no ha venido a solucionarnos la vida, sino todo lo contrario”.

La abogada recuerda que LexNet, implantado en Huelva como herramienta obligatoria desde principios del año 2016, ha supuesto una revolución para los despachos de abogados, porque ha obligado a una transformación tecnológica “sin ningún tipo de ayuda económica”. Así, asegura que el letrado que no accediera a esa implantación de la plataforma “se iba a ver fuera del sistema”, por lo que el profesional se ha visto obligado a estar al tanto de su funcionamiento.

El Colegio de Abogados ha dado la formación que el Consejo General de la Abogacía trasladó, “pero en la práctica diaria es donde aparecen los muchos problemas técnicos que nos encontramos”, asegura Charo Castro, quien recuerda que LexNet nació con la intención de reducir el papel a cero, pero “todos los operadores jurídicos llegan hoy a la conclusión de que el papel se ha duplicado e incluso triplicado”.

La lista de problemas técnicos es extensa. En ella, destaca que la plataforma es lenta, se detiene en numerosas ocasiones, tiene muchos fallos a la hora de subir documentos o que no distingue a algunos juzgados con sus competencias duplicadas. “Muchos de los procedimientos judiciales llevan aparejados una documentación extensísima, y no solo en papel, sino fotografías, radiografías, resonancias magnéticas, etc, que no pueden subirse”, afirma. Otro problema “que parece que no tiene importancia” es que el sistema no admite la acentuación de las palabras, ni la combinación de números y letras, lo que imposibilita introducir el NIG, imprescindible para los  procedimientos.

Retrasos en los Partidos Judiciales
A estos problemas se añade el hecho de que en los Partidos Judiciales fuera de la capital la situación se agrava, porque, al no contar con un Decanato que reciba las demandas, se provocan retrasos de hasta siete u ocho meses en su admisión.

Se trata de un problema originado por el hecho de que LexNet se pusiera en marcha sin que se adecuaran las plantillas de los juzgados “para que funcionara bien”. “No se puede implantar una plataforma de esta envergadura sin hacerlo con garantías”, lamenta la letrada.

“En las circunstancias en la que actualmente se encuentra, LexNet, que se ha instalado con mucha improvisación y precipitación, nos plantea problemas diarios muy graves para nosotros porque es mucho el tiempo que se pierde en el sistema”, asegura Charo Castro, quien recuerda que para un abogado “el tiempo es fundamental para atender a los clientes de forma adecuada, para el estudio de la legislación y para la preparación de los casos”.

La representante del Colegio de Abogados explica que los abogados tienen hoy una relación directa y diaria “con una máquina”, no con un órgano ni con una persona física. La máquina “admite o rechaza documentos y escritos, entre ellos, las demandas, que son las iniciadoras de los procedimientos, sin que en muchas ocasiones sepamos las razones”. Charo Castro entiende, así, que hay una “clara vulneración de derechos fundamentales si no tienes la posibilidad de acudir a la Justicia con todas las garantías”.

La abogada alerta, además, de una cuestión que muchos abogados entienden como una clara infracción de la Ley de Protección de Datos y de la misma “separación de poderes”, porque es el Ministerio de Justicia el que está detrás de Lexnet, “y eso a muchos nos parece una barbaridad, porque el Gobierno de turno no puede estar detrás de un sistema al que se suben los datos esenciales de los casos judiciales”.

En este sentido, reclama que sea el Consejo General del Poder Judicial el que controle Lexnet, porque, de lo contrario, “estamos quebrantando el sistema democrático” porque el Ministerio de Justicia, “por razones éticas, morales y democráticas”, no puede tener acceso a todos los datos que se suben a ese sistema “como si de un Gran Hermano se tratase”.

Charo Castro entiende, además, que la plataforma ha supuesto para la Administración “un gran ahorro de plazas de funcionarios porque nos ha convertido a los abogados en personas que tienen que estar en función de una máquina y, si no ellos, alguien que hayan contratado”.

Por otro lado, alerta de que LexNet está provocando un desencanto en los abogados de mayor edad, “que no son capaces de asimilar por sí lo que el sistema requiere”. Es decir, una presencia de mucho tiempo delante de la máquina si no utilizas la figura del procurador en todas las jurisdicciones, lo que redunda “en prejuicio de la calidad de la abogacía”.