Antonio Pontón, presidente de la Audiencia Provincial de Huelva

“En Huelva hay edificios en desuso para ubicar la Ciudad de la Justicia”

Antonio Pontón, magistrado de la Sección Primera, es presidente de la Audiencia Provincial de Huelva desde 2012. Cinco años en los que ha tenido que hacer frente a los numerosos problemas que sufre el sistema judicial onubense, y en los que se enorgullece de haber abierto la Audiencia a la sociedad. Ahora concluye su mandato, que espera renovar para seguir trabajando por lograr una verdadera Justicia del siglo XXI.

Su mandato al frente de la Audiencia expira ahora. Ya ha anunciado que va a optar a la reelección. ¿Qué balance hace de estos cinco años?

Muy positivo. Creo que he llevado a cabo lo que programé. Es decir, realizar la actividad propia de un presidente de Audiencia, pero también intentar abrir la Audiencia Provincial a los ciudadanos a través de ciclos de conferencias, de exposiciones de pintura, de charlas… para que los ciudadanos vieran en el Poder Judicial no solamente a jueces y magistrados, sino como un espacio más de la ciudad.

Una de sus prioridades cuando asumió el cargo fue el de la construcción de la Ciudad de la Justicia. En estos cinco años parece que hemos retrocedido. ¿La veremos los onubenses algún día?

La Ciudad de la Justicia no solamente es un concepto de edificio que albergue todas las sedes judiciales, sino que también es la base estructural de un nuevo concepto de Justicia. Hablamos de una nueva organización territorial, puesto que la actual de Partidos Judiciales es decimonónica y ha dado todo lo que tenía que dar, es un sistema agotado. Tenemos que ir hacia un sistema distinto, se llamen Tribunales de Instancia, o se llame comarcalización. En todo caso, hace falta un nueva distribución territorial y eso requiere un espacio, que tiene que ser la Ciudad de la Justicia. De ahí mi interés en que las administraciones vean que en Huelva nos movemos y estamos inquietos. Visto lo visto, tendremos que plantearnos en Huelva si queremos que la Ciudad de la Justicia vaya en un edificio nuevo o se ubique en edificios ya existentes.

Aquí siempre se ha planteado un edificio nuevo en el Ensanche Sur.

Yo lo que quiero es abrir otro camino y ver la posibilidad de que la Ciudad de la Justicia se instale en edificios que tengamos en la ciudad y que puedan ser reutilizados en un proyecto a largo plazo. Pero difícil será crear una Ciudad de la Justicia si no hay una asignación presupuestaria. ¿Cuántos años llevamos hablando de una Nueva Oficina Judicial? Creo que a las siglas NOJ la N se le cayó hace mucho tiempo, porque, después de 17 años, hablar hoy de la Nueva Oficia Judicial da cierta vergüenza.

¿Sigue siendo la reorganización de los partidos judiciales una asignatura pendiente?

Totalmente. Hace unos años hubo un proyecto y se habló de los Tribunales de Instancia. Los juzgados siguen funcionando como compartimentos estancos, cuando la administración de hoy no es así. Lo lógico sería establecer una única Oficina Judicial en la que los funcionarios atendieran a los ciudadanos y tramitaran para que el juez realmente haga lo que tiene que hacer, porque hoy asumimos funciones que no nos corresponden. Con los Tribunales de Instancia, estaríamos para resolver, fuera de los compartimentos estancos actuales. Eso conlleva una reaorganización territorial, eliminando los partidos judiciales por una organización de Tribunales de Instancia. Al final ese proyecto no se llevó a efecto. Y ahora, en un nuevo concepto, se habla de comarcalización, que es también un intento de una nueva organización territorial de la Justicia.

¿Qué diferencias habría entre una Comarca Judicial y un Partido Judicial?

La agrupación. Un Partido Judicial comprende su término municipal y el de sus pueblos cercanos. Con la comarcalización estaríamos hablando de un concepto más amplio. Sería una alteración territorial que podría incluso afectar a provincias limítrofes. Se constata en el mapa judicial andaluz que hay partidos cuyos juzgados funcionan perfectamente y a escasos 10 o 15 kilómetros, ya en otra provincia, el juzgado sufre un colapso. La comarcalización podría subsanar esas deficiencias y racionalizar los medios. Pero vamos a ver cuál es el resultado de la comarcalización, que va a conllevar tensiones y ciertos conflictos. Aunque hay que entender que este nuevo sistema no tiene por qué acarrear la desaparición física de ningún juzgado.

¿De qué salud goza la Justicia en Huelva?

Tenemos muchos problemas estructurales, derivados algunos de la estructura decimonónica de la que antes hablaba. Necesitamos también una racionalización de los medios.

La ciudadanía demanda una Justicia del siglo XXI, pero ésta cuenta con medios del siglo XIX.

En muchos casos eso es cierto. Pero estamos también, y hay que reconocerlo, en un camino hacia la modernización. Desde el 1 de enero de 2017 estamos en el camino de la administración electrónica, del papel cero, y yo destacaría la labor que están realizando los letrados de la Administración de Justicia, los jueces, los fiscales, los abogados y los procuradores en el éxito de este sistema. Porque de lo que no cabe duda es que este camino no tiene marcha atrás. Pero, ¿qué está sucediendo? Que carecemos de los recursos necesarios para que estos nuevos sistemas funcionen. La administración de Justicia tiene que ser ágil y rápida. Se ha dicho, y es verdad, que una Justicia tardía no es una Justicia. Ahora bien, eso tampoco lo podemos convertir en que sea una Justicia exprés. Cada asunto tiene que requerir un tiempo de elaboración.

¿Cómo se está desarrollando la implantación del LexNet?

Es muy difícil implantar un nuevo sistema con pocos recursos. Para ello también es fundamental la formación como paso previo a la implantación. Pero yo insisto en que la modernización no tiene vuelta atrás.

Lo que siempre subyace en el fondo es una falta de financiación y de recursos. A veces, pareciera que a los Gobiernos no les interesara un sistema judicial fuerte. ¿Se ha modernizado todo menos la Justicia?

Desconozco los porqués, pero los intuyo. Lo que sí es cierto es que es una modernización pendiente, que ya ha llegado a la Educación, a la Sanidad, a la Hacienda… ¿Cuántas veces oímos hablar de los recortes en Educación y Sanidad? Pero nunca se oye hablar de los recortes en materia de Justicia, que también los hay.

¿Cómo está Huelva con respecto a otras provincias?

Dentro del contexto andaluz, Huelva presenta algunos déficits equiparables a otras provincias. Estamos en una sede [se refiere a la de la calle Vázquez López] donde tenemos los tres Juzgados de lo Social, es una jurisdicción carente, pero lo es también en otras provincias. El déficit estructural es generalizado. En Huelva donde se aprecia con mayor claridad es en los Juzgados de lo Social y en los de Primera Instancia.

Hay problemas en los Juzgados de Ayamonte, en el número 2 de La Palma, en el de Familia hay un atasco importante…

En el Juzgado de Familia llevamos un tiempo con un magistrado de refuerzo y esa situación de la que habla ha mejorado considerablemente. La situación de Ayamonte es complicada, que se agrava con la excesiva movilidad de los jueces. Allí hay cinco juzgados mixtos, que son de Primera Instancia e Instrucción, con la categoría de juez en sus titulares. Lo ideal sería separar las jurisdicciones, es decir, que tuvieran Juzgados de Instrucción y Juzgado de Primera Instancia, y que estuvieran servidos por magistrados. Eso determinaría una concentración de materias, con órganos dedicados a la materia penal y la civil separadamente, y servidos por titulares con una proyección de futuro, no como ocurre ahora. En La Palma también podríamos aplicar el mismo sistema. Allí tenemos tres juzgados, que son también mixtos. El número 2 es que el presenta mayor dificultad. De hecho, este año hay una inspección a ese órgano. Me consta que su titular hace todo lo que puede para intentar solventar una situación que muchas veces nos supera.

¿Cuáles son las principales prioridades del sistema en Huelva?

En cuanto a la capital, un incremento de órganos en la jurisdicción social y en la de primera instancia. Hay que analizar la situación de los Juzgados de lo Penal, y necesitamos incrementar la plantilla de la Audiencia Provincial en la Sección Civil con un quinto magistrado. En cuanto a la  provincia, tendríamos que revisar Ayamonte, donde la situación no es tanto la creación del sexto juzgado como la especialización y separación de jurisdicciones y elevar la categoría de los titulares que los sirven de juez a magistrado. Otro tanto pasaría en La Palma: más que la creación del cuarto juzgado, sería necesaria la separación de jurisdicciones.

El presidente del TSJA ha alertado de que la falta de ejecución de las sentencias era algo “escandoloso”. ¿En qué nivel estamos en Huelva?

Es lo que más nos preocupa en el ámbito de lo Penal. La jurisdicción penal es una materia muy delicada y sensible, el número de ejecutorias es muy elevado, y afecta a cuestiones básicas y esenciales. Hay que estudiar un plan de refuerzo de los Juzgados de lo Penal para comprobar el grado de ejecución de estas sentencias. Es algo fundamental.

Ha dicho usted en alguna ocasión que la administración de Justicia en Huelva tiene carencias y tiene olvidos. ¿Se van subsanando, seguimos igual o vamos a peor?

Precisamente, el ciclo que estamos organizando de ‘Vocales del CGPJ en Huelva’ va hacía esa segunda parte, el olvido. Que no se nos olvide donde está el poder (CGPJ, Ministerio de Justicia y Junta de Andalucía) y estemos presentes. No es lo mismo recibir un escrito con las necesidades que venir a ver las necesidades. Los vocales del CGPJ vienen y nos escuchan directamente por boca de los jueces y magistrados afectados.

¿La Administración de Justicia es la Cenicienta de todos los poderes del Estado?

Sí, es evidente. Hay que ir a los Presupuestos Generales del Estado y a los de la Junta de Andalucía y ver cuáles son las cantidades que se atribuyen a la Justicia. A eso hay que añadir que a la Justicia no se le dota de ninguna autonomía. Es decir, somos un Poder del Estado, pero no disponemos de recursos económicos propios, somos un Poder que necesitamos de la asistencia económica que nos da el Poder Ejecutivo. No necesitamos declaraciones de intenciones, sino dotaciones reales que estén en los Presupuestos Generales del Estado y de la Junta de Andalucía para poder después materializar las cosas. Pero hay que ir más allá y deberíamos tener nuestra independencia presupuestaria, con transparencia y rigor.

¿Con qué objetivo se puso en marcha desde la Audiencia el ciclo de ‘Vocales del CGPJ’ en Huelva?

La finalidad es abrir la Audiencia a la sociedad onubense y que ésta pueda ver y oír a quienes integran el Poder Judicial. El CGPJ es el órgano de gobierno de jueces y magistrados. La posibilidad de que tengamos aquí a sus representantes para poderles preguntar y demandar nuestras inquietudes es muy importante. Pero no es un ciclo sólo para profesionales de la Justicia, sino para la ciudadanía en general. Por otro lado, el objetivo es que el CGPJ vea de primera mano la realidad de la Justicia en Huelva, que no se quede la cosa sólo en recibir informes desde Huelva, sino que la conozcan de cerca.

¿Cómo es su relación con el colectivo de abogados?

Magnífica. La relación diría que es excepcional desde un primer momento. Tanto con el Colegio de Abogados como con el de Procuradores, de los que me siento partícipe, así como con sus profesionales, los abogados y procuradores. Y añadiría que son magníficas también con las instituciones. La relación con la Junta de Andalucía, con el Estado y con la Diputación es estupenda: fluida y de máxima colaboración. En eso nos diferenciamos de otras provincias andaluzas, porque aquí el funcionamiento es fácil y fluido. Todo esto favorece mucho, porque se crea un clima de trabajo cómodo y de confianza.