Pedro Díaz Torrejón (Toledo, 1978) es fiscal de Menores de Huelva desde 2012, cinco años en los que ha trabajado intensamente por la mejora de una jurisdicción que confiesa que le apasiona y le llena personal y profesionalmente. Por su manos pasan más de 300 expedientes al año.

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la Jurisdicción del Menor?

Quizá vengan por el uso de las nuevas tecnologías. Los menores son nativos en su utilización y eso provoca nuevos fenómenos como el ‘sexting’, a los que tenemos que adaptarnos. En cualquier caso, persisten los retos de siempre. La naturaleza de nuestra jurisdicción es educadora y educativa, y el reto será siempre no sólo sancionar al menor, sino también educarlo para lograr que sea una persona de bien.

¿Cuenta Huelva con los medios suficientes para aplicar la justicia juvenil?

Por suerte ya contamos con lo que había sido una petición año tras año de la Fiscalía: un centro de menores. Es una gran ventaja, sin perjuicio de que las instalaciones del Juzgado y de la Fiscalía sean manifiestamente mejorables. Solamente hay que comprobar las condiciones de espacio con las que contamos.

Un tercio de los menores con condena firme es reincidente, según los últimos datos recogidos por el INE. ¿Sigue siendo una cifra muy alta?

La estadística siempre es según se mire porque, si estamos consiguiendo que dos de cada tres no vuelvan a delinquir tras la actuación de la Jurisdicción del Menor, no estamos hablando ni mucho menos de un mal dato.

¿Cuáles son los delitos más habituales cometidos por menores?

Fundamentalmente, contra las personas y el patrimonio. En los primeros, mayoritariamente lesiones, con especial preocupación por nuestra parte en los de violencia de género y doméstica. Están creciendo los casos de violencia de menores contra sus padres. Son los delitos que más vemos y más nos preocupan.

¿A qué cree que se debe ese aumento?

No sé si estamos fallando en la educación, porque no quiero hacer juicios de valor. Lo que sí sé es que la realidad me demuestra que la violencia doméstica está aumentando entre los menores. Puede que se haya perdido el principio de autoridad. No lo sé. Lo que está claro es que algo está fallando.

¿Sigue existiendo un perfil definido del infractor o se está haciendo más difuso?

Es difícil encontrar un perfil del menor infractor. Determinadas circunstancias, como el consumo de drogas o el absentismo escolar, pueden aumentar las posibilidades de la comisión de delitos, pero no me gusta cerrar un perfil de infractor. Aquí no trabajamos sólo con un perfil, vienen menores de todos los estratos sociales.

¿Endurecer las medidas implicaría mejores resultados? ¿Cuál es su experiencia al respecto?

Tenemos una Jurisdicción del Menor con unas medidas que no son tan laxas como pueda pensarse. Sobre todo, porque responden a las necesidades del propio menor. En la adolescencia, la duración de las medidas se basan en otros parámetros que en la justicia de mayores. Probablemente tengamos que atender más a la eficacia de las medidas, porque no es un problema de duración. Eso es más fama que realidad.

¿Cómo está funcionando la Ley del Menor?

Está dando sus frutos, sobre todo porque contempla un hecho que hace que la justicia del menor sea muy eficiente, que es la instrucción por parte del fiscal, lo que la agiliza. Eso provoca que sea difícil encontrar una Fiscalía de Menores con retrasos. Por el contrario, es más que habitual encontrar juzgados atascados.

¿Cómo se casa el interés superior del menor con la defensa de su víctima?

Son dos intereses que están presentes y por los que el Ministerio Fiscal debe velar. El interés supremo del menor es el principio que preside todas nuestras actuaciones, pero también la defensa de la víctima. Son parámetros distintos y compatibles.

¿Qué consejos le daría a un abogado que se tiene que enfrentar a la defensa de un menor?

Lo primero que quiero hacer es agradecer al Colegio de Abogados el trabajo que los letrados hacen en esta jurisdicción. Existe un Turno de Menores con cuyos miembros tenemos una relación fantástica. El único consejo que les daría es que se acerquen a esta jurisdicción sin prejuicios y con otro punto de vista: el del interés superior del menor. Eso haría que los pactos entre la Fiscalía y los abogados se den más, porque los dos tenemos un punto en común, que es ese interés superior del menor.

¿Cree que los abogados están lo suficientemente preparados para esta jurisdicción?

Es una jurisdicción especializada, que tiene una ley propia. Por ello, de manera regular hacemos junto con el Colegio de Abogados unas jornadas de formación, porque todo es mejorable y en ese camino estamos. Todos tenemos que formarnos continuamente. Entiendo que ésta es una jurisdicción que para el letrado no es sencilla. Su trato con el menor y con su familia es difícil. Por ejemplo, cuando le tiene que hacer ver al menor que lo mejor para él es una medida de internamiento. Eso no es fácil. Es una labor complicada, y hace que esta jurisdicción pueda quemar a los abogados. Frente a eso, está lo bonito, que es ver cómo el menor va evolucionando positivamente tras la actuación de la Jurisdicción del Menor.